Icod de los Vinos.
28 de junio de 2010.
La Asociación Pro Defensa de los Acantilados de La Culata ha informado al rotativo “El Día” de que el Juzgado Número 2 de Icod de los Vinos ha encontrado indicios de delito contra la ordenación del territorio en las diligencias previas practicadas con motivo de su denuncia por las obras ejecutadas por el Cabildo de Tenerife, en la Finca de Boquín, en Icod.Este colectivo recalca que el Cabildo ejecutó, sin licencias ni calificación territorial, obras de reforma y ampliación de varias casas y pistas de la finca, situada en un espacio natural protegido.La asociación pide la dimisión del presidente del Cabildo, Ricardo Melchior; del consejero insular de Agricultura, José Joaquín Bethencourt, y de los técnicos implicados en las obras "por no dar ejemplo y decir en reiteradas ocasiones que esas actuaciones contaban con todas las autorizaciones legales".También exigen a Melchior, Bethencourt y Wladimiro Rodríguez que reconozcan "las irregularidades cometidas en la Finca de Boquín".
Icod de los Vinos - Diario de Avisos
18 de marzo de 2010.
El Club Tenerife Rural organiza para mañana una visita a la finca Boquín
El Club Tenerife Rural, una iniciativa puesta en marcha por la Fundación Tenerife Rural, ha organizado para mañana una visita a la finca Boquín, con el propósito de divulgar la riqueza natural de este enclave situado en Icod de los Vinos. La finca Boquín, que ocupa toda la ladera que corona el casco histórico del municipio, alberga en su interior un auténtico museo natural al aire libre, en el que se pueden encontrar diferentes cultivos como viñedos, cereales y frutales, propios de la zona de medianías, conviviendo con destacados ejemplos de la flora autóctona canaria. Además, en ella se pueden observar distintos nacientes y la original forma de reparto de aguas que desde tiempos ancestrales se utiliza en la Isla. La visita, que será guiada y gratuita, se iniciará a las diez y media de la mañana y tendrá una duración de dos horas.El Club Tenerife Rural ofrece a sus miembros la posibilidad de obtener descuentos y otros beneficios en los mejores establecimientos de la Isla vinculados al mundo agrario, tales como restaurantes, hoteles rurales, museos y tiendas.
I7 de junio de 2010
Icod de los Vinos.
La carretera de El Amparo espera sus drenajes desde hace 4 años
Los vecinos del barrio de El Amparo aguardan aún una respuesta del Cabildo a su demanda de canalización de las aguas pluviales de la carretera TF-366, que discurre hasta La Vega, pues "cada vez que llueve se convierte en un infierno".
RAFAEL BARRETO, Icod
Los vecinos del barrio de El Amparo de Icod de los Vinos aguardan aún una respuesta del Cabildo a su demanda de canalización de las aguas pluviales de la carretera TF-366, que discurre hasta La Vega y que "cada vez que llueve se convierte en un infierno" por las inundaciones que provoca. Los temporales de noviembre de 2009 y de finales de febrero pasado dejaron constancia de la incapacidad de la vía para absorber las escorrentías de agua, lo que ocasionó graves trastornos para la población. El portavoz de los vecinos, Jesús Manuel León, puso de relieve el malestar de los habitantes del barrio ante lo que considera "una dejadez de la Consejería de Carreteras del Cabildo porque hasta ayer no se ha dignado atender nuestras peticiones y porque se ha prolongado en el tiempo la solución de un problema planteado hace ya cuatro años".
Explicó que "en 2006 presentamos un pliego de 200 firmas recabadas entre los vecinos ante el Cabildo y desde entonces todo sigue igual, aunque tenemos constancia de los estudios técnicos realizados sobre la citada canalización con fecha de marzo de 2008, cuyo presupuesto es de 941.611 euros".
El Servicio de Carreteras del Cabildo recibió el 24 de abril de 2006 un escrito, registrado con el número 51.849, de los vecinos afectados por la deficiente canalización de las escorrentías superficiales generadas en la carretera T-366 de Icod de los Vinos a La Vega por El Amparo, en el que se solicita la corrección de tales anomalías con el fin de evitar que las escorrentías provocadas por la lluvia inunden o aneguen las viviendas y otros bienes inmuebles a su paso por ambos márgenes de la carretera. Los técnicos comprobaron sobre el terreno "la inexistencia en determinados tramos de la carretera de un sistema de drenaje longitudinal que conduzca y evacue las aguas procedentes de la propia plataforma de la vía. En el punto kilométrico 2,850, la cuneta del margen izquierdo de la calzada carece de continuidad por lo que en los episodios de lluvia rebosa y el agua cruza la calzada desaguándose por el barranco del Acero".
Aprobado definitivamente el Plan Especial del Paisaje Protegido de Los Acantilados de la Culata, en Tenerife.
15 de marzo de 2010.
La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias ha publicado hoy en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma el acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac), que aprueba definitivamente el Plan Especial del Paisaje Protegido de Los Acantilados de La Culata, en Tenerife.
La Cotmac, en sesión celebrada el 26 de marzo de 2009, adoptó, entre otros, el acuerdo de aprobar definitivamente, de conformidad con lo establecido en el Texto Refundido de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias y el artículo 44 del Reglamento de Procedimientos de los Instrumentos de Ordenación del Sistema de Planeamiento de Canarias, el Plan Especial del Paisaje Protegido de Los Acantilados de La Culata, en Tenerife.
En virtud de este acuerdo, la Cotmac estimó o desestimó las alegaciones en los mismos términos que estableció un informe técnico del Servicio de Ordenación de Espacios Naturales Protegidos y Paisajes, introduciendo en el documento de planeamiento las modificaciones derivadas de la estimación de las mismas que, por otra parte, no se consideraron sustanciales.
Este espacio, que cuenta con una superficie de 541,21 hectáreas que se distribuyen entre los municipios de Garachico, El Tanque, Los Silos e Icod de los Vinos, es un acantilado de notable interés geológico y geomorfológico e importante valor paisajístico, que conjuga componentes naturales y de carácter y alberga restos de bosques termófilos de gran interés científico y algunas especies amenazadas y protegidas como el cabezón (Cheirolophus webbianus).
Este espacio natural fue declarado por la Ley de Declaración de Espacios Naturales de Canarias como paraje natural de interés nacional de Acantilados de Los Silos, El Tanque, Garachico e Icod, y reclasificado a su actual categoría por la Ley de Espacios Naturales de Canarias.
INTERÉS CIENTÍFICO
La finalidad de protección de los Sitios de Interés Científico se fundamenta en la existencia de elementos naturales de interés científico, especímenes o poblaciones animales o vegetales amenazadas de extinción o merecedoras de medidas específicas de conservación temporal. Este Plan tiene como finalidad específica de protección del carácter acantilado del paisaje con restos de bosque termófilo.
Fundamentan la protección de este espacio los nueve hábitats distintos de interés comunitario que posee, entre los que se encuentran sabinares, palmerales y reductos de laurisilva macaronésica; así como las poblaciones de animales y vegetales incluidas en el Catálogo de Especies Amenazadas de Canarias tales como Limonium arborescens, Cheirolophuswebbianus, Dracaena draco, Columba bollii y Puffinus puffinus con la categoría de 'sensible a la alteración del hábitat', y Osyris quatripartita, Sideroxylonmarmulano, y los murciélagos Nyctalus leisleri, Pipistrellus maderensis, y Tadarida teniotis, consideradas como 'vulnerables'.
Igualmente, la estructura geomorfológica de los acantilados, que permite la existencia de lugares no alterados que constituyen áreas de refugio para la fauna, en particular aves marinas pelágicas y rapaces que anidan en las zonas más inaccesibles del escarpe, justifica la protección del espacio natural, junto con la existencia de los diferentes hábitats que existen dentro de sus límites y que favorecen que la fauna, en su conjunto, sea relativamente rica.
El Plan Especial de este espacio natural protegido persigue garantizar la conservación de los ecosistemas naturales, hábitats y elementos de la gea, flora, fauna y paisaje, y restaurar los elementos naturales y áreas y lugares significativamente alterados que así lo requieran; al igual que ordenar el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, culturales y paisajísticos del paisaje.
13 de noviembre de 2009.
Fuente: EL DÍA
Telefonía Móvil en Canarias.
La Cámara aprueba por unanimidad la ley sobre las antenas
El Parlamento aprobó ayer, por unanimidad, el dictamen de comisión sobre la regulación de las infraestructuras de radiocomunicación y telefonía móvil en Canarias que, así, quedó convertido en ley.
La norma, que regula la ubicación de las antenas en las Islas, fue defendida por los tres grupos parlamentarios, conscientes de que la población se siente preocupada por la salud ante la cercanía de estas infraestructuras. En cambio, destacaron la existencia de numerosos estudios que desvinculan la aparición de enfermedades y la presencia de las antenas y subrayaron que hay un riesgo mayor de radiación al disminuir su número porque las emisiones deben ser más potentes.
11 de noviembre de 2009.
Fuente: El DÍA.
El PSC acusa al Gobierno canario de "pagar calladito los chanchullos que no se saben"
Santa Cruz de Tenerife, EFE La diputada del grupo parlamentario Socialista acusó hoy al Gobierno canario de pagar "calladito los chanchullos que no se saben", en alusión al pago de la indemnización por Montaña Rayada.
Durante el pleno del Parlamento de Canarias, Gloria Gutiérrez también acusó al Gobierno canario de mantener diferentes tratos para las resoluciones judiciales, de manera que Montaña Rayada "estaba en el limbo de la oscuridad" y a la vez decir que el Ejecutivo canario no pagará por resoluciones judiciales que considera injustas.
A juicio de Gloria Gutiérrez es muy grave que los ciudadanos paguen esas resoluciones judiciales, pues el dinero sale de los presupuestos de las consejerías de educación, sanidad y empleo, algo que la diputada socialista consideró un atentado contra los derechos fundamentales de los ciudadanos.
11 de noviembre de 2009.
Fuente: La Opinión
Icod de los Vinos.
El alcalde apuesta por un hotel de lujo en El Riquel
Diego Afonso considera que esta instalación es compatible con la regeneración de la zona
PEDRO H. MURILLO LA OROTAVA El alcalde de Icod de los Vinos, Diego Afonso, confía en que en el proyecto de regeneración de la zona costera de El Riquel se pueda construir un hotel de lujo. En este sentido, el mandatario icodense aseguró que "una instalación de cinco estrellas en este importante enclave del municipio sería el complemento perfecto para convertir El Riquel en el balcón al mar de Icod de los Vinos".Según indicó el alcalde, el establecimiento hotelero supondría un atractivo más dentro de la ejecución del proyecto de regeneración de El Riquel, el cual fue consensuado con los vecinos de la localidad. "Se trata de una opción que implica la habilitación de un terreno de más de 500.000 metros cuadrados en donde se podría llevar a cabo una de las aspiraciones que siempre ha tenido Icod de los Vinos que no es otra que la de tener una instalación hotelera de gran lujo y en condiciones", declaró Diego Afonso.Los cuatro proyectos para la regeneración de la zona costera de El Riquel fueron sometidos a una especie de "referéndum" durante los pasados meses de verano a instancias del grupo de gobierno municipal (CC-PP). Este proceso participativo se inició el pasado 9 de julio mediante la presentación a los vecinos de cuatro proyectos para la regeneración de El Riquel. La tercera opción resultó la ganadora y consiste en un proyecto que combina el desarrollo de equipamientos públicos, como un parque botánico, con una zona destinada a la construcción de viviendas eliminando las actividades extractivas de este enclave de Icod de los Vinos.Las empresas inician la regeneraciónLas cinco empresas dedicadas a la extracción de áridos y desguaces de vehículos en la zona de Riquel han iniciado las labores de recuperación de la zona. Según indicó el alcalde de Icod de los Vinos, Diego Afonso, se trata de una de los primeros pasos para que "el juzgado se convenza de que las empresas tienen intención de restituir el daño causado durante tantos años en la zona de El Riquel". En este sentido, las cinco empresas fueron clausuradas en virtud de un auto dictado por el Juzgado de Instrucción Número 1 de Icod de los Vinos que justificaba los precintos de las explotaciones como medida cautelar con vistas a "evitar y prevenir la presunta actividad delictiva y en aras de evitar perjuicios de naturaleza irreparable" dado que, en los razonamientos jurídicos, se recoge que las empresas han sido expedientadas en varias ocasiones por parte del Seprona y de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) al no poseer las preceptivas licencias municipales para ejercer su actividad. Al respecto, Diego Afonso señaló que algunas de las empresas afectadas han conseguido reubicar a su personal, pero que el problema aún no se ha resuelto. "Seguimos trabajando para reubicarlas en el Polígono industrial de Las Almenas", declaró Afonso.
5 de octubre de 2009.
Fuente : EL DÍA.
LA PALMA.
Pulido aconseja al ayuntamiento dar la licencia para habitar ya Los Tarajales
El viceconsejero de Ordenación Territorial, que se encuentra entre los 32 imputados del "caso de Los Tarajales", asegura que "la justicia va a tardar varios años en resolver el asunto, por lo que sería conveniente que el consistorio evite una denuncia por responsabilidad patrimonial por parte de la promotora del edificio".
M.CH., Tazacorte
El largo proceso judicial de Los Tarajales, en El Puerto de Tazacorte, puede ser eterno, pese a que ya lleva varios años en los juzgados, por lo que la habitabilidad del edificio construido dependerá de la decisión que adopte el ayuntamiento, una vez que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha declarado inejecutable la sentencia contra la urbanización del suelo.
En ese marco, el viceconsejero de Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias, Miguel Ángel Pulido, que forma parte de la lista de 32 imputados en el caso, junto a otros miembros de la antigua Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente (Cotmac), estima que sería conveniente que el Ayuntamiento de Tazacorte, de quien dependen los permisos de habitabilidad, otorgue la licencia de ocupación del edificio que permitiría a la empresa promotora rentabilizar una importante inversión realizada en el complejo de viviendas de lujo.
Pulido recuerda que "el proceso judicial aún está sin emitir un fallo definitivo. Cualquiera que sea la sentencia se recurrirá, por lo que el litigio se extenderá por muchos años". Por otra parte, apunta, "existe ya un auto del TSJC que confirma la vigencia del PGO y que las licencias son legales, con lo que permite que el ayuntamiento proceda a otorgar la cédula de habitabilidad y la licencia de primera ocupación. Eso siempre que tenga los informes pertinentes, por lo que si no, deberá realizar el papeleo que demuestre que el edificio se ajusta al proyecto y se corresponde con la licencia de obras".
Indemnización.- Además, el viceconsejero sostiene que con esta actuación, "lo que se haría es evitar un problema aún mayor. Si el ayuntamiento no otorga la licencia puede estar incurriendo en un delito de responsabilidad patrimonial y si el propietario del edificio reclama daños y perjuicios sería realmente grave para la economía municipal".
Según los cálculos realizados en inversión y el valor del negocio por venta de las viviendas del edificio, la responsabilidad patrimonial sobre el mismo, en caso de reclamarse una indemnización por parte de su promotor, podría superar los 10 millones de euros.
Los jueces no informan.- En cuanto al informe que el ayuntamiento pidió al juzgado respecto a la conveniencia de otorgar la licencia de ocupación, Pulido es tajante: "Los jueces no están para hacer consultas, sino para dictar sentencias. En el juzgado de Los Llanos no habrá informe con toda seguridad, por lo que el Ayuntamiento de Tazacorte no debe esperar por ese documento, aunque tengan dudas jurídicas".
El viceconsejero lamentó, una vez más, las malas intenciones de los denunciantes, "que sólo pretenden hacer daño a un pueblo y a su ayuntamiento".
La clave
Los Tarajales, un laberinto jurídico
El caso de Los Tarajales tiene varios frentes abiertos y está aún muy lejos de que aparezca una sentencia definitiva. Es, sin duda, todo un laberinto jurídico el que se ha creado en torno a un asunto que lleva en los tribunales desde hace más de una década. En la actualidad se encuentra pendiente de un recurso presentado contra el Plan General ante el TSJC, tribunal que ha emitido un fallo declarando inejecutable la sentencia del Supremo, que declaró no urbano el suelo. Además, existe un frente en la Audiencia Nacional entre Costas y el ayuntamiento, que ha recurrido la decisión ministerial de ampliar a 100 metros el deslinde costero. Por último, quizás el más sonoro, existen diligencias previas en el Juzgado de Los Llanos de Aridane, por la causa penal, contra 32 imputados por un presunto delito contra la ordenación del suelo donde se ha construido el edificio, pese a no ser urbano según el Supremo. Un asunto complejo sin resolución inmediata.
23 de agosto de 2009.
fuente: La Opinión.
Las infracciones ambientales podrán resolverse negociando
El Gobierno prepara una nueva ley de protección medioambiental que se refundirá con la de Medidas Urgentes. Domingo Berriel indica que el objetivo es llegar a un acuerdo con el infractor que evite meses de recursos.
El Gobierno de Canarias prepara una ley de protección del medio ambiente en concordancia con las ya existentes a nivel europeo, nacional y regional, que además incluirá algunas fórmulas novedosas en el Archipiélago. Entre ellas, el consejero de Medio Ambiente y Política Territorial, Domingo Berriel, destaca la de priorizar la negociación con las personas que cometan infracciones medioambientales antes que optar directamente por multarles, tal y como se hace ahora."Se va a modificar bastante todo el regimen sancionador de la Agencia de Protección del Medio Ambiente, introduciendo mecanismos de negociación para la resolución de los conflictos, antes de llegar a resoluciones administrativas", explica el consejero.
La relación del infractor con la administración pública se caracteriza por el conflicto desde el primer momento. Además, "el infractor suele agotar todas las vías de recurso y puede pasar hasta un año para que pague la multa", asegura. "Por el contrario, si llegamos a un acuerdo desde el principio, nos evitamos conflictos y frustraciones de todo tipo", añade Domingo Berriel.Lo que trata de hacer el Gobierno con el nuevo texto legal es "dar un toque de modernidad, intentando que sea la propia ciudadanía la que tenga el protagonismo en la protección del medio ambiente, más que un sistema administrativo público puro y duro".El objetivo es "afrontar un conflicto con una negociación en lugar de con una sanción que restablezca el interés general", indica el consejero.Para lograrlo, se crearán "unas figuras protectoras del medio ambiente para propiciar por ejemplo que los propietarios de fincas que tengan valores ambientales que merece la pena proteger, lo hagan ellos mismos y a cambio tendrían una compensación económica por parte de la administración pública".Es decir, si una persona comete una infracción medioambiental y decide, no sólo restablecer el daño causado, sino además realizar otra actuación que beneficie el medioambiente, "se le podría exonerar de sanción", indica Berriel.El consejero calcula que el proyecto de ley podría llevarse al Parlamento de Canarias para su aprobación a finales de este año.No obstante, antes se someterá a información pública con el fin de estudiar las propuestas de los ciudadanos y de los colectivos especializados.Esta nueva ley formará parte de un texto refundido con la de Medidas Urgentes en materia de Ordenación Territorial y el objetivo del Gobierno es que ambos armonicen toda la normativa en materia medioambiental y territorial."Hay muchas normas dispersas y sobre todo mucha norma nueva en materia de medio ambiente. Se trata de simplificar y armonizar toda la materia y atarlo a las ideas que tenemos en Canarias", informa el consejero.En cuanto al proyecto de Ley de Biodiversidad de Canarias, que el Parlamento intentaba sacar adelante desde marzo del año 2004, se convertirá finalmente en un título dentro de un texto refundido que unirá dos leyes.El proyecto de Ley de Biodiversidad de Canarias caducó en mayo de 2007. El Gobierno de Canarias llevaba desde hace cinco años intentando aprobar la iniciativa.Lo último que el Parlamento regional hizo antes de la declaración de caducidad fue publicar las enmiendas al articulado en el Boletín Oficial del Parlamento, en noviembre de 2004. Tras esa publicación pasaron más de dos años en los que no se supo nada más de este proyecto.Sin plazos para los hotelerosEl consejero de Medio Ambiente y Política Territorial, Domingo Berriel, quiso aclarar que las alternativas a los aprovechamientos urbanísticos de uso turístico que establece la Ley de Medidas Urgentes no tienen plazo de caducidad. Estas alternativas tienen como objetivo evitarle al Gobierno pagar indemnizaciones millonarias a los promotores afectados por la moratoria turística. La caducidad este mismo año de una de las alternativas "es una interpretación errónea", insistió.Esas alternativas permiten a los promotores reclasificar su terreno para convertirlo en rústico de protección territorial, reconociéndoles la indemnización por los derechos edificatorios que tenían. Además, podrán sustituir la edificación alojativa por otras destinadas a parques temáticos, actividades culturales, de ocio, de espectáculos, comerciales, deportivas, de restauración u otras similares. Finalmente, también se les da opción de trasladar sus usos turísticos a otros lugares.En cuanto a la construcción de hoteles de gran lujo, Berriel asegura que ya hay algunos promotores que se han interesado y que están pendientes de que se desarrolle el reglamento que determina las características de esos hoteles.
31 de julio de 2009.
fuente: La Opinión.
VILAFLOR.
El TSJC ratifica la ilegalidad de 76 chalés
ATAN pedirá el derribo de la obra y que el alcalde asuma los gastos
B. SALAZAR ARONA
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha confirmado la ilegalidad de la licencia urbanística que concedió el alcalde de Vilaflor, Manuel Fumero, por decreto en 2006 para la construcción de 76 chalés pareados en el camino real de La Escalona. La Asociación de Amigos de la Naturaleza (ATAN) sostiene que pedirá la ejecución de sentencia y que ello implica el derribo de los chalés. En particular, el TSJC ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por la mercantil Tenearona S.L. y por el Ayuntamiento de Vilaflor contra la sentencia del juzgado de lo contencioso-administrativo que estimó el recurso planteado por la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN) contra esa licencia que, como ha quedado constatado en dos sentencias, vulnera la normativa urbanística municipal y de la Comunidad Autónoma.El colectivo ecologista que llevó a los tribunales la licencia de los 76 chalés que se estaban construyendo en La Escalona "generando un importante impacto paisajístico en un entorno eminentemente rural de la zona baja del municipio de Vilaflor", destaca que "lo asombroso de esta ilegalidad es que todos los informes emitidos por los servicios técnicos y jurídicos municipales eran desfavorables al otorgamiento de la licencia, a pesar de lo cual el alcalde sin ningún tipo de justificación que desvirtuara lo argumentado por sus técnicos concedió la licencia".
La consecuencia es que ahora procede la ejecución de la Sentencia y deberá procederse a restituir la legalidad y la realidad física alterada, señala la asociación. Como anunció cuando se emitió el primer fallo judicial contra dicha licencia, ATAN reitera que "se ejercerán acciones contra el alcalde de Vilaflor, entre otra medidas, mediante la solicitud de responsabilidad patrimonial personal" para que asuma de su bolsillo los costes derivados de la nulidad de esta licencia. Y argumenta en ese sentido que "no se pude consentir que por una acción de irresponsabilidad de este cargo público, el coste económico de esta situación recaiga sobre los vecinos de Vilaflor".ATAN recuerda que esa petición de responsabilidad patrimonial personal ya fue apuntada por el propio magistrado en la Sentencia de 2008 ahora ratificada por el TSJC.
5 de julio de 2009.
Fuente: El Día.
ICOD DE LOS VINOS.
Ocho expedientes a empresas de Riquel se dejaron caducar
El auto judicial que justifica el precinto de las industrias detalla que la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural dejó caducar al menos ocho procesos sancionadores contra las actividades en Riquel.
R. SÁNCHEZ, Icod
El auto del Juzgado de Instrucción Número Uno de Icod que ordenó la suspensión de las actividades de las cinco empresas ubicadas en Riquel describe todo un rosario de irregularidades, incumplimientos y hasta ocho expedientes sancionadores que la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, dependiente del Gobierno de Canarias, dejó caducar, en una sorprendente muestra de ineficacia continuada. A continuación se detallan, empresa por empresa, los argumentos esgrimidos por la jueza en el auto dictado para precintar las industrias de Riquel.
Prefabricados Santa Bárbara.- Prebasa está denunciada por instalar en Riquel una empresa de transformación de áridos y fabricación de hormigones en la zona de afección de Costas; por la extracción y transformación de áridos mediante una planta no autorizada, y por la instalación de una planta de machacado y limpieza, silos de fabricación de hormigones, depósitos de combustible y un grupo electrógeno sin autorización.
La Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente del Gobierno canario ordenó en 2002 la suspensión de la actividad de Prebasa en Riquel, donde instaló una planta de tratamiento de áridos sin contar con declaración de impacto ambiental. Según el auto, "Prebasa carece de licencia y autorización de actividad clasificada, no cuenta con evaluación de impacto, y su planta de clasificación de áridos no está autorizada".
El informe del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) indica que Prebasa desarrolla su actividad industrial en "suelo rústico de protección costera y agraria". Según una denuncia de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN) de mayo de 2007, Prebasa también habría ejecutado en el pasado actividades extractivas sin autorización. Esta empresa trabaja en Riquel desde 2000 y ocupa una superficie de 30.000 metros cuadrados, "sin contar con autorizaciones administrativas, licencias, plan de restauración del medio, clasificación territorial ni declaración de impacto ambiental". En 2004 el Seprona ya había denunciado la actividad de Prebasa. Dos años antes, la APMUN inició un expediente contra la empresa que caducó (1). El auto califica la actividad de Prebasa como "ilegal y clandestina" y señala que "queda descartado en todo caso el uso industrial del suelo que ocupa, por su proximidad al Lugar de Interés Comunitario (LIC) Acantilado de Los Perros".
Según cita el auto, un informe de un biólogo elaborado en 2002 -a petición de la APMUN- califica el daño ambiental de Prebasa en Riquel es "significativo" y "muy significativo" en posteriores informes de 2003 y 2005. El Seprona recomendó el precinto de la actividad de Prebasa "vista la ineficacia de las diferentes actividades administrativas llevadas a cabo para paralizar la actividad".
Forthor Canarias SA.- Esta empresa se dedica en Riquel a la preparación de hormigones con "una tolva, dos silos de cemento, una bañera de lavado de hormigón, un depósito de combustible, un grupo electrógeno y una pequeña oficina". Esta empresa funciona en Riquel, según el auto, "desde los 70", en una superficie aproximada de 2.000 metros cuadrados. En 1982 obtiene una licencia de instalación, pero no una autorización que ampare su actividad en suelo rústico de protección agraria.
Un informe municipal de 1993 informaba de que la instalación dosificadora de hormigones producía un deterioro del entorno por el polvo en suspensión y al vertido de desechos que "arruina la flora y fauna de la zona, degradando el paisaje de forma irreversible".
En 1994, la Dirección General de Disciplina Urbanística y Medio Ambiente ordenó la suspensión de actividades de Forthor. En 1998, el Seprona denunció a la empresa por el vertido de residuos sólidos de hormigón en la costa.
Forthor, "al realizar una actividad molesta por la producción de ruidos, insalubre por la producción de polvo y peligrosa por el almacenamiento de combustible, carece de licencia". Tiene abierto un expediente de la APMUN, a raíz de una denuncia del Seprona en 2004. En este expediente se indica que sus instalaciones no se adaptan a la licencia concedida en 1982 y tampoco al planeamiento vigente.
En 2004, la Consejería regional de Política Territorial y Medio Ambiente también advirtió a Forthor de que carecía de licencia e invadía la zona de servidumbre de protección, "pudiendo ser responsable de vertidos al mar".
Según el auto, esta empresa se dedica en la actualidad a mezclar componentes para obtener hormigón "sin título habilitante para ello". La jueza recalca que "no existe proyecto de recuperación de la zona, ni licencia para la actividad y tampoco se respeta el proyecto inicial en cuanto a ubicación y número de edificaciones".
Áridos Abreu Luis SL.- El auto judicial señala que esta empresa de extracción y transformación de áridos opera sin contar con la autorización de actividad clasificada. Motivo por el que la APMUN abrió en 2002 un expediente sancionador que ordenaba su precinto, pero también se dejó caducar (2).
El Seprona indica en su informe que Áridos Abreu cuenta con una instalación de tratamiento de áridos y realiza "extracciones en la cantera ilegal que tiene allí, existiendo antecedentes de extracciones en terrenos anexos, careciendo de autorización minera, razón por la cual se inició expediente sancionador. También carece de licencia para extraer áridos, razón por la que la APMUN inició varios expedientes administrativos, la mayoría caducados".
La Guardia Civil constata que tampoco tiene declaración de impacto ambiental, que fue denegada en 1994, "razón para entender que su actividad es ilegal y clandestina". Ese año se ordenó el precinto de la actividad de Áridos Abreu, levantado en 1995 por el Ayuntamiento de Icod. En 1999 se inició otro expediente administrativo de la APMUN que, igualmente, caducó y fue archivado (3). También se dejaron caducar un tercer y cuarto expediente de la APMUN, de 2001 y 2004 (Los números 4 y 5 del total), el último por extracción de áridos a menos de 200 metros del LIC del acantilado de Los Perros, junto a Riquel. En la actualidad existe un quinto expediente sancionador abierto contra Áridos Abreu.
El auto recalca que Áridos Abreu también actúa "sin ningún tipo de autorización en suelo calificado como rústico de protección paisajística costera y agrícola, calificaciones que impiden la legalización de sus actividades". Un informe de hace menos de una década calificaba el impacto de su actividad como "muy alto" y añadía que arruinaba la flora y fauna de la zona, "degradando el paisaje de forma irreversible".
"En definitiva, la empresa no cuenta con ninguna autorización para su actividad, ni para extraer áridos, ni para tratarlos, ni tampoco licencia urbanística, declaración de impacto ni Plan de Restauración", subraya el auto.
Desguaces Tenerife SA.- Esta empresa solicitó licencia municipal para almacén de chatarra en 1978, con la condición de que se vallara todo el recinto para que desde el exterior no fuera visible. Sin embargo, el auto indica que en 1992, "la Dirección General de Disciplina Urbanística inició un expediente sancionador por la instalación no autorizada de un depósito de chatarras y desguaces y una fábrica de cemento, advirtiendo de que se había incumplido de manera muy grave la licencia local en su día concedida, por la ocupación indiscriminada de gran parte de la finca e incluso de la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo, con posibles vertidos al mar".
El auto insiste en que Desguaces Tenerife ocupa suelo rústico de protección paisajística de costa y rústico productivo y, por lo tanto, no es legalizable. Además, recuerda que en 1994, la Consejería regional de Política Territorial ya ordenó la suspensión de la actividad de vertido y almacenamiento de chatarra.
El responsable de la empresa declaró ante la jueza que "ignora si tiene licencia del Cabildo para ejercer actividad clasificada, que está en trámites para adaptarse a la normativa vigente sobre centros de tratamiento de vehículos y que construyó una nave de 500 metros cuadrados sin licencia municipal para adaptarse a la normativa comunitaria de descontaminación de vehículos". Tampoco posee autorización de Costas.
El Seprona informó en 2004 que la empresa carecía de autorización para descontaminar y gestionar vehículos y que esta actividad se realizaba sin los requisitos técnicos exigibles para ser autorizado. Estas observaciones fueron corroboradas por la Oficina Técnica Municipal, lo que llevó al Ayuntamiento de Icod a solicitar a la empresa que se ajustara a la licencia concedida. En 2005, el consistorio ordenó la suspensión inmediata de su actividad; los precintos no fueron respetados, pero este expediente sancionador también caducó, según indica el auto.
El informe de la visita de un ingeniero industrial a la empresa en 2005 denuncia que continuaban las labores de desguace, que se observaba una gran cantidad de aceite en el suelo del local, "no debidamente impermeabilizado", y que no existía el saneamiento para tratar vertidos contaminados.
Un informe pericial encargado por el Juzgado Nº2 de Icod en 2008 indica que "existe un desguace incontrolado, donde no hay tratamiento previo de descontaminación total de la chatarra o vehículos. Se detectan derrames de aceites, grasas y líquidos corrosivos que contaminan el suelo y el subsuelo". Este informe concluía que las instalaciones incumplían la normativa y producían un "alto riesgo de contaminación del suelo, el subsuelo, el acuífero y la costa".
El Seprona añadía en su informe de febrero de 2009 que la zona de descontaminación no es adecuada, que los vehículos se fragmentan y prensan a la intemperie y que existen filtraciones y vertidos al suelo.
La APMUN abrió dos expedientes a Desguaces Tenerife que también se dejaron caducar (6 y 7), a pesar de que en ellos se mencionaba que la empresa no estaba autorizada a tratar residuos peligrosos o que ocasionaba un daño ambiental muy significativo. La Cotmac denegó en 2007 la declaración de impacto ambiental a la empresa. El Seprona afirma que algunos vehículos llegan a ocupar parte del LIC y el auto concluye que "no cuenta con ningún tipo de autorización para la descontaminación y gestión de vehículos".
Desguaces Insulares SL.- El auto recuerda que el Seprona ya denunció a esta empresa en 2004 por carecer de licencia para la venta y almacenamiento de repuestos, y la chatarra al aire libre. La APMUN abrió en 2002 un expediente sancionador a esta empresa que, como es habitual en el caso de Riquel, caducó y quedó sin efecto, a pesar de que pedía la retirada de toda la chatarra y de las tierras contaminadas (el número 8 del total).
Según el Seprona, la licencia municipal de Desguaces Insulares sólo permite almacenar vehículos y chatarra, pero no descontaminar ni gestionar vehículos. El Ayuntamiento de Icod ordenó en 2005 el cierre inmediato del almacén y la empresa negó haber tirado coches al mar. La APMUN, en una visita realizada en 2007, afirmó que la empresa funcionaba desde hacía más de una década en una parcela de unos 6.500 metros cuadrados, "donde se contabilizan alrededor de 100 manchas de aceite sobre el suelo de un metro de diámetro cada una". La APMUN habla de contaminación dispersa del suelo, "pero generalizada", y afirma que la empresa desarrolla su actividad sin respetar la normativa, "produciéndose vertidos de residuos peligrosos sobre suelo permeable". Según denunciaba la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, "la afección del suelo contaminado por Desguaces Insulares es irreversible".
11 de junio de 2009.
Fuente: El día.
Icod de los Vinos.
Detenidos por el Seprona al edificar en una zona forestal
La Guardia Civil detuvo recientemente a dos hombres en Icod de los Vinos por construir sendas edificaciones en zonas de protección forestal, terreno rústico y no edificable.
La actuación fue desarrollada por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona).
El primero de los arrestos tuvo lugar en la zona de Las Vistas. Al parecer, uno de los acusados, de 64 años de edad, está imputado por un delito contra la ordenación del territorio por la construcción de una edificación en dicho enclave. Los agentes comprobaron que el paraje es un terreno no urbanizable y de protección forestal.
La segunda actuación de la patrulla del Seprona de Icod de los Vinos tuvo lugar en el paraje conocido como La Peña, en el barrio de Redondo. Un individuo de 77 años de edad fue detenido, ya que supuestamente realizó dos edificaciones y obras de habitabilidad en suelo rústico y de protección forestal. En ambos casos, las diligencias fueron entregadas al Juzgado de instrucción número 1 de Icod de los Vinos.
9 de junio de 2009.
Fuente. El Día.
Ecologistas piden información al Cabildo sobre el traslado de Riquel
Un grupo de ecologistas solicita al Cabildo información sobre los planes del traslado de Riquel, en Icod de los Vinos, amparándose en la normativa que obliga a las administraciones a facilitar información ambiental en el plazo de un mes. Esta entidad formula hasta 10 cuestiones relacionadas con la previsión de instalar una zona industrial relacionada con el tratamiento de residuos denominada Las Almenas, en un espacio calificado como suelo rústico con protección de valores económicos y agropecuarios.
Los integrantes de la formación ecologista han preguntado también sobre las previsiones del traslado de la chatarra de Riquel, que "ha estado operando durante muchos años de forma ilegal, acaparando y destruyendo una zona pública de gran valor natural". En el PTEOR se prevé que el centro de tratamiento siga operando (aún siendo ilegal) hasta que sea facilitado su traslado a la nueva zona industrial. Según los ecologistas se debería multar al promotor de esta industria y obligarlo a restaurar el daño causado.
Explica que esta zona, Doña Juana, fue valorada por dos expertos en medio natural, que anotaron la presencia de más de 45 especies de plantas vasculares terrestres, desechándose en este estudio las introducidas, considerándose sólo las endémicas de Canarias y de la Macaronesia y hasta 15 aves que nidifican en la zona, entre otras especies de fauna.
Apunta que "se trata de una zona rústica potencialmente productiva, que será ocupada en 140.000 metros cuadrados de terreno, y cuyo valor socioeconómico quedó reflejado en un acuerdo de la Cotmac de 10 de noviembre de 2006, por el que se rechazó la posibilidad de que este suelo fuese declarado como polígono municipal", según hacen constar.
Las preguntas cuestionan la congruencia del proyecto con el contenido de las directrices fijadas en el propio Plan Territorial Especial de Ordenación de los Residuos, según el cual se debe priorizar la ubicación de las plantas de tratamiento de residuos en zonas degradadas o de menor impacto.
21 de mayo de 2009.
Fuente: El Día.
Berriel y Pulido, entre 35 imputados por una urbanización ilegal en El Puerto
A los primeros siete acusados en el Ayuntamiento de Tazacorte, cinco miembros de la Junta de Gobierno de la pasada legislatura y dos técnicos, se suman ahora otros 28 inculpados de la Cotmac que aprobaron las Normas subsidiarias (1999) y el PGO (1984), con un suelo urbano que, según el Supremo, no lo era.
El Juzgado de Instrucción Nº 2 de Los Llanos de Aridane ha incrementado hasta 35 el número de políticos y técnicos imputados por el caso de la supuesta urbanización ilegal de una parcela situada en Los Tarajales, en El Puerto de Tazacorte, para la edificación de un complejo residencial de lujo de 24 viviendas.
El nivel de presunta vinculación marcado por la jueza instructora del procedimiento, María Teresa Luerca Gómez, llega hasta la misma cabeza de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, citando como imputados al consejero, Domingo Berriel, y al viceconsejero, Miguel Ángel Pulido.
A los primeros siete acusados correspondientes al Ayuntamiento de Tazacorte, cinco miembros de la Junta de Gobierno de la pasada legislatura (tres de ellos siguen en el actual mandato) y dos técnicos municipales, se suman ahora otros 28 posibles responsables de haber permitido que se edificara un suelo que se recogió en las Normas subsidiarias (1999) y en el PGO (1984) como urbano pese a contar con una sentencia del Tribunal Supremo que no lo consideraba como tal, lo que desembocó en la edificación de un inmueble, construido con licencia municipal de noviembre de 2005, que hoy se encuentra a la espera de obtener los permisos de primera ocupación para ser habitado.
Los nuevos inculpados se corresponden con los miembros de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) que aprobaron las viejas NNSS de Tazacorte en el año 1999 (por entonces bajo la denominación de Cumac) y el Plan General de Ordenación de este mismo municipio en el año 2004, desde la Presidencia y vicepresidencia del organismo público, hasta los vocales técnicos y políticos de diversas administraciones. En ese sentido, entre otros, se cita también como imputado al que fuera Consejero de Medio Ambiente del Ejecutivo hace 10 años, Tomás Van de Walle.
Investigación.- La providencia judicial, con fecha de 6 de mayo, forma parte de las diligencias previas abiertas por el juzgado llanense (los primeros pasos de la investigación se dieron en la Fiscalía Anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife) tras la remisión de un informe hace más de un año, por parte del CCN, uno de los grupos políticos opositores en Tazacorte, a fin de que se investigara la posible existencia de delitos urbanísticos en esta actuación, a raíz de la aprobación de la licencia de obras a la promotora del edificio, la empresa Diursa.
Esta investigación llegó a motivar hace varios meses una intervención de la Policía Judicial en las dependencias administrativas de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial en busca de documentación.
Citaciones.- Según recoge la notificación judicial, dada cuenta del estado de las actuaciones realizadas, se llama a declarar como imputados a los 28 miembros que conformaban la Comisión de Urbanismo, que deberán pasar por las dependencias judiciales los días 2 y 3 de junio, en una primera tanda, y 16 y 17 del mismo mes.
Además, en la jornada de hoy se tomará declaración al arquitecto y el jurista del Ayuntamiento de Tazacorte para completar la lista de los 7 inculpados en esta Administración local, entre ellos cinco miembros del grupo de gobierno local (Unión Bagañeta) que el pasado 28 de octubre fueron interrogados por la delegada de la Fiscalía Anticorrupción, María Farnés, en el mismo juzgado.
Aforado.- En el caso de los indicios de ilegalidad que se imputan a Domingo Berriel, éstos deberán ser resueltos en otro foro. El consejero, al igual que el resto de diputados de la Comunidad Autónoma, goza de un fuero especial para ser juzgado, por lo que el órgano competente se corresponde con el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, si bien en algunos casos los estatutos de autonomía pueden atribuir esa competencia al Supremo.
Según recoge la legislación, al carecer de competencia para investigar a un aforado, el Juzgado de Los Llanos de Aridane tendría que remitir los indicios que tenga contra el consejero al TSJC, por lo que el resto de la causa, al completo, debe también ser juzgada por el mismo tribunal por la imposibilidad de dividir las actuaciones.
8 de mayo de 2009.
Fuente : El Día.
Nuevo trámite para el Plan del Paisaje de Los Acantilados de La Culata
La Cotmac aprueba la inserción de la evaluación ambiental en el documento que regulará 552 hectáreas protegidas
La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno regional publicó ayer en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) el acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente (Cotmac) por el que se aprueba la inserción del procedimiento de evaluación ambiental en la tramitación del Plan Especial del Paisaje Protegido de los Acantilados de La Culata, un paraje que comprende los municipios de Garachico, El Tanque, Los Silos e Icod de los Vinos.Según detallan desde la Administración regional, la sesión de la Cotmac del pasado 26 de marzo adoptó, entre otras iniciativas, el acuerdo de insertar en el Plan Especial del Paisaje Protegido de los Acantilados de la Culata la evaluación ambiental, para un espacio que abarca una extensión de 552,1 hectáreas y que limita por el Oeste con el Parque Rural de Teno, incluyendo asimismo el Sitio de Interés Científico de Interián.Este paisaje protegido del Norte de la Isla es un acantilado marino fósil con un notable interés geológico y geomorfológico, además de representar un espacio protegido de gran valor paisajístico, "ya que conjuga de forma armónica -precisan desde la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial- componentes naturales y rurales". "Asimismo -agregan-, alberga restos de bosques termófilos de importancia científica y algunas especies amenazadas y protegidas, como el cabezón (Cheirolophus webbianus).El acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias será notificado ahora al Cabildo de Tenerife y a los ayuntamientos de Garachico, Icod de los Vinos, El Tanque y Los Silos que, como ya se ha apuntado, son las localidades afectadas por el citado Plan Especial del Paisaje Protegido de los Acantilados de La Culata.
El funicular.
Cabe recordar, por otra parte, que en esa sesión del 26 de marzo la Cotmac también condicionó la instalación de un funicular en Garachico, una iniciativa no exenta de polémica que defiende el Ayuntamiento de la Villa y Puerto, al proyecto y al futuro estudio de impacto ambiental. La plasmación de este medio de transporte se supedita al corredor que se planteó en su día, es decir, que el funicular transcurra entre el parque Puerta de Tierra, en el casco, y el mirador de San Juan del Reparo.
http://www.gobcan.es/boc/2009/086/008.html
27 de MARZO DE 2009.
Fuente: El Día.
La Cotmac aprueba un corredor para el funicular de 15 metros de ancho
La asociación que se opone considera que esa franja es insuficiente para el proyecto existente y cree que, por ese motivo, el equipamiento no se creará, opinión que no comparte el gobierno local.
ÁLVARO MORALES, Garachico
Justo antes de que Tenerife se quedara ayer sin luz, y no se sabe si como premonición de algo bueno o malo, la Comisión del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) aprobaba en Santa Cruz de Tenerife el Plan Especial de los Acantilados de La Culata, que afecta a los municipios de Icod, Garachico y El Tanque.
La decisión incluye el informe favorable de los técnicos de la Cotmac sobre el pretendido funicular para comunicar la zona alta garachiquense con el casco histórico de la Villa y Puerto, tal y como defiende el gobierno local (CC). No obstante, el hecho de que se respaldara un ancho de corredor para el vehículo de sólo 15 metros hizo que la Asociación en Defensa de los Acantilados aventurara a este periódico que cree muy difícil que se construya el equipamiento porque habría que modificar el proyecto existente, mientras que el primer teniente de alcalde de Garachico y edil de Urbanismo, José Heriberto González, se muestra convencido de su viabilidad.
El concejal subraya que resulta "lógico" que se opte al principio por un ancho de pequeño tamaño. "Lo importante -resalta- es que el funicular se califica como autorizable. Si luego hay que cambiar el proyecto existente -de Teleféricos del Teide y de unas 500 páginas- o si se tiene que justificar que el ancho sea de más de 15 metros en algunas zonas, pues se hará".
González recalca también que, una vez aprobado definitivamente el plan, aprobación que respalda la citada plataforma ecologista con la excepción del vehículo, se deberá presentar un proyecto con su consiguiente estudio de impacto ambiental y con todos los beneplácitos y filtros de las administraciones.
El concejal considera también muy importante que se hayan incluido las viviendas de la parte alta de El Guincho como suelo urbano consolidado y otras de la zona baja de Genovés como asentamientos rurales. Eso sí, advierte de que el plan no se aprobará definitivamente ni se expondrá al público hasta que los tres ayuntamientos afectados presenten un censo de viviendas legales e irregulares del acantilado para su posible legalización, proceso que retrasará unos meses el documento.
24 de MARZO DE 2009.
Fuente: El Día.
La Culata ve un agravio legalizar el funicular y no las casas del acantilado
Miembros de la Asociación en Defensa de los Acantilados asistieron a la reunión de los técnicos de la Cotmac en la que se dio el visto bueno al transporte y le reprocharon al consejero de Medio Ambiente sus argumentos a favor del vehículo, pero en contra de legalizar las viviendas de la ladera posteriores a 1990.
ÁLVARO MORALES, Garachico
La Asociación en Defensa de los Acantilados de La Culata asistió el pasado jueves a la reunión de los técnicos de la Comisión del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) en la que se consideró "autorizable" la creación del polémico funicular de Garachico, con el que el gobierno local (CC) pretende unir el casco histórico con los barrios de la zona alta a través de un paraje protegido.
Mediante un escrito dirigido al consejero de Medio Ambiente, Miguel Ángel Pulido, y presentado al día siguiente de la cita, el pasado viernes, los miembros de la entidad creen claramente contradictorio que este responsable regional rechazara los argumentos del Ayuntamiento icodense recordando que el Pleno local había aprobado por unanimidad que el Plan Parcial de La Culata incluyera todas las viviendas existentes en el acantilado aunque fueran posteriores a 1990 y, sin embargo, sí se apoye un vehículo que consideran ilegal por los mismos motivos.
La asociación respalda las tesis del consejero sobre las viviendas irregulares, pero considera que se debe ser más coherente y no sólo sancionar a los ciudadanos que cometen ilegalidades, sino a las propias administraciones, para lo que citan el pretendido funicular y las obras del Cabildo tinerfeño en la finca icodense de Boquín.
27de FEBRERO DE 2009.
Fuente: El Día.
La Autoridad Portuaria reclama a Ben Magec 31 millones de euros por el bloqueo a la obra del puerto de Granadilla
Las Palmas de Gran Canaria, Europa Press La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife reclamó hoy durante la vista celebrada en la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en Las Palmas de Gran Canaria, que la organización ecologista Ben Magec-Ecologistas en Acción aporte una caución de 31 millones de euros por los perjuicios que ocasionaría el retraso de construcción de la obra del puerto de Granadilla durante 9 meses. La Autoridad Portuaria alertó de que el bloqueo a esta obra podría causar además la pérdida de recursos de la Unión Europea por importe de 74,8 millones.
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias suspendió ayer "cautelarmente" la decisión de la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias aprobada el 2 de febrero de 2009 por la que se excluía del Catálogo de Especies Amenazadas a la población de sebadales --Cymodocea Nodosa-- en el ámbito sobre el que se prevé la construcción del puerto de Granadilla. En la comparecencia de hoy al respeto se ha realizado un receso para valorar la admisión de una testifical pericial solicitada por Ben Magec.
Tanto la Autoridad Portuaria como la letrada de la Comunidad Autónoma han reclamado el levantamiento de la medida cautelar dictada por el TSJC al considerar que se ha cumplido estrictamente con la legalidad vigente. Desde la Autoridad Portuaria se destacó que sólo se ha descatalogado el 1,26 por ciento del total de la especie en Canarias, de manera que en ningún caso los sebadales no estarían en riesgo de desaparición. La Autoridad Portuaria resaltó que entre los perjudicados está la regasificadora Gascan que podría perder 300 millones de euros de suspenderse la construcción del proyecto.
22 de FEBRERO DE 2009.
Fuente: El Dia.
Prohibido prohibir
Wladimiro Rodríguez Brito.
ESTAMOS EN UN territorio cargado de leyes y, posiblemente, la piel de esta tierra sea el territorio del mundo mundial que más normas tiene por metro cuadrado. Estas leyes se han elaborado mayoritariamente desde los despachos del mundo urbano en un supuesto mundo de modernidad, en el que al campo y a la naturaleza teníamos que ponerle códigos de protección. Valga como ejemplo que ante la Unión Europea (UE) tenemos 174 Zonas de Especial Conservación en la Red de Natura 2000, amén de las protecciones locales que todos conocemos, y ahora la UE nos advierte de que no las estamos conservando de manera adecuada.
Sin embargo, en los últimos meses, la situación económica nos obliga a repetirnos en lo que unos llaman "ley del péndulo" o la misma "ley de la gravedad", en el que el supuesto desarrollo y "progreso" tenía mucho de espejismo. Por ello, desgraciadamente, tenemos que mirar hacia detrás, aunque no queramos, en esa frase de Machado en que "el camino se hace al andar". Sin querer hemos dejado los caminos que conocían nuestros padres y abuelos para entrar en una aventura de modernidad que en estos momentos nos presenta muchas incertidumbres.
Por ello, leer el nivel de protección que tiene nuestra naturaleza, en la que no sólo nos hemos preocupado de proteger el mundo vegetal y animal, sino que incluso hemos dado protección a las rocas, aunque sea contradictorio, los malpaís que tanta hambre y miseria generaron en nuestros abuelos ahora los declaramos de protección. Es decir, hemos obviado que sobre muchos malpaís se han construido huertas de cultivo que han sido oasis de vida para alimentar a nuestro pueblo. Qué dirían nuestros abuelos de la protección que le damos hoy a los malpaís cuando han sido las lavas volcánicas las que han sepultado, incluso en periodos históricos, gran parte de nuestros mejores suelos de cultivo. En muchos casos están sobre solares que rompieron nuestros campesinos a pico y a pala y le pusieron tierra cargada a hombros o en mulos o posteriormente en camiones para poder cultivar esos oasis que se han levantando sobre lavas casi humeantes, es decir, malpaís.
Estas líneas quieren situarse coyunturalmente en una cultura que mire hacia dentro, que revalorice lo nuestro, no sólo por vocación nostálgica o romántica de la vida, sino por espíritu de supervivencia, pues nos parece lamentable que hoy tengamos más atención a los sebadales de la costa de Granadilla que a lo que ocurre con nuestros frutales de secano en todo el sur de Tenerife -higueras, almendros, tuneras-, o cómo hemos visto con naturalidad que se urbanicen numerosas fincas cultivadas en nuestras costas; fincas construidas con suelo de prestación traída desde el norte de la Isla, incluso en muchos casos, levantadas sobre malpaís que hoy declaramos de protección, cosa que no ocurre, paradójicamente, con las tierras cultivadas.
Más allá del nivel de leyes y prohibiciones, en muchos casos cargadas de frases altisonantes, creemos que es oportuno en estos momentos hacer una lectura más humilde, sencilla, con un compromiso social en la que la protección de la aulaga o el malpaís no puede ser superior a la que le damos a la tierra de cultivo y el campesino, puesto que la cultura de burbuja urbana-consumista que de alguna manera tiene tintes intelectuales, sigue infravalorando y menospreciando al mundo rural, que más allá de la falta de historia, escuelas y libros, ha tenido una gran capacidad de observación y de convivencia con un entorno duro y problemático del que ha sido capaz nuestro pueblo de aprender a convivir con la naturaleza. Por ello es posible encontrar hoy en Tenerife naturaleza tan rica como la que tenemos en Anaga, el Monte del Agua o las Cañadas del Teide, etc., en las que, a pesar de la miseria y necesidades que tuvieron nuestras generaciones precedentes, nos dejaron este patrimonio antes de que se inventara un compendio de leyes y marcos proteccionistas que supuestamente protege la naturaleza y lo que han creado son papeles, litigios, conflictos y tensiones y en muchos casos, declaraciones vacías con poco compromiso en un alejamiento entre lo que decimos y lo que hacemos.
Esperemos que con la Ley de Medidas Urgentes que aprobará el Parlamento de Canarias en marzo al menos se simplifique gran parte de la actividad de los hombres y mujeres del campo a la hora de construir un estanque, una bodega, un establo para el ganado, un baño en un cuarto de aperos, o una vivienda en el mundo rural y tantas otras instalaciones básicas que están prohibidas sin razones objetivas, donde en los momentos actuales estas instalaciones están cargadas de multas y penalizaciones que aún han hecho más pesado trabajar y vivir a las personas que quieren acercarse al campo.
22 de FEBRERO DE 2009.
Fuente: El Día
Medio Ambiente tramitó más de tres mil infracciones el año pasado
Más de la mitad de los expedientes abiertos en 2008 por parte de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) corresponde a vulneraciones de la normativa de residuos. La Ley de Costas fue vulnerada hasta en 31 ocasiones. Tenerife y Gran Canaria registraron el mayor número de denuncias.
En pleno debate nacional sobre una reforma que afectará a la Ley de Costas -que el Gobierno canario intentará aprovechar para pedir todas las competencias en esta materia-, esta semana se han conocido los datos correspondientes a los expedientes abiertos en las Islas a lo largo del pasado ejercicio por la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun), cuya cifra definitiva se situó en 3.348.
Así se desprende del informe al que ha tenido acceso este periódico, en el que se pone de manifiesto que, una vez más, la vulneración de la normativa de residuos encabeza la lista de infracciones, con 1.737 denuncias, seguida de cerca por los expedientes abiertos a construcciones (viviendas, naves industriales), con 1.017.
A lo largo de 2008, además, la Apmun abrió 434 expedientes sobre actividades no constructivas, como movimientos de tierra o vallados, y registró un total de 75 denuncias por vertidos, que, aunque con ellos se vulnere la Ley de Costas, se trata de vertidos al mar realizados desde tierra.
Precisamente, por infringir la citada Ley de Costas, la Apmun tramitó el pasado año un total 31 expedientes, por, entre otras cosas, construir una piscina o una casa cerca del mar. Además, la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, que depende del Gobierno de Canarias, denunció 43 infracciones por la falta de la declaración de impacto de cualquier tipo de obra a la que obliga la Ley canaria.
Además, la Apmun procedió a abrir nueve expedientes en 2008 al verse vulnerada la Ley de Envases, y otros dos al infringirse la reglamentación que protege a los cetáceos.
Los más infractores
El informe realizado por la Apmun revela que el mayor número de infracciones en 2008 se registró en la isla de Gran Canaria. Allí, el organismo adscrito a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno canario abrió 532 expedientes por la vulneración de la Ley de Residuos, 413 a construcciones, 192 a las denominadas no construcciones, 20 por vertidos al mar, ocho por la Ley de Envases, siete por la falta de declaración de impacto y seis por infringir la Ley de Costas.
En el lado opuesto se situó la isla de El Hierro, donde "sólo" se registraron 21 denuncias, once a construcciones, 9 por residuos y una por declaración de impacto.
En este ránking de vulneraciones a la ley, la isla de Tenerife ocupó el segundo lugar en 2008. De los 831 expedientes abiertos, 314 lo fueron por residuos, 313 a construcciones, 136 a no construcciones, 44 por vertidos al mar, 11 por la Ley de Costas, 10 por falta de declaración de impacto, 1 por vulnerar la Ley de Envases y 2 por alterar el hábitat de los cetáceos.
La tercera isla en discordia en esta clasificación de dudoso honor lo ocupa Lanzarote donde el pasado año la Apmun tramitó 458 expedientes, la mayoría de ellos, 286, por la vulneración de la Ley de Residuos. Además, se denunciaron 104 infracciones en construcciones, 41 en no construcciones, 15 por falta de declaración de impacto, 7 por vulnerar la Ley de Costas y 5 por vertidos al mar.
Denuncias en La Palma
La Palma no se alejó tampoco de las cifras de Lanzarote, puesto que en ella se registraron 444 expedientes, de los cuales 325 tuvieron que ver la infracción de la Ley de Residuos. El resto se repartió en construcciones, 86; no construcciones, 25; impacto, 5; Ley de Costas, 2; y vertidos al mar, 1.
Por su parte, en la isla de Fuerteventura la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural denunció el pasado ejercicio 290 infracciones. De ellas, 170 tuvieron relación con los residuos, 78 con construcciones, 31 con no construcciones, 4 con el impacto, otras tantas con la Ley de Costas y 3 con vertidos al mar.
En La Gomera, en cambio, el número de expedientes a final de 2008 ascendió a 126. También aquí las vulneraciones a la Ley de Residuos fueron las más frecuentes, 101, seguidas de las construcciones, 12; las no construcciones, 9; los vertidos al mar, 2; y la Ley de Costas y la falta de declaración de impacto, ambos con 1.
Desde su creación en 1999, el organismo adscrito a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno regional ha abierto un total de 30.626 expedientes, consecuencia de las 40.000 inspecciones realizadas. La actividad inspectora se ha incrementado progresivamente desde su puesta en marcha. Así, durante su primer año de funcionamiento sólo se efectuaron 188 inspecciones. En 2001, la cifra ya había crecido hasta las 2.375, hasta alcanzar en 2005 su tope, 6.203.
9 de FEBRERO DE 2009.
Fuente: Diario de Avisos.
El Diputado del Común abronca a un órgano de control del medio ambiente
Denuncia que la APMUN "entorpece" su labor al no explicar por qué no sancionó una obra ilegal
Un informe del Diputado del Común denuncia que "la actuación del director ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN), en la tramitación del expediente de una queja [al no constar que se hubiera incoado un expediente sancionador contra una empresa que realizó obras ilegales en un paraje protegido], es obstruccionista y entorpecedora de las funciones del Diputado del Común".El documento recogido por Europa Press y que se registró en el Parlamento de Canarias en enero, la institución recuerda que, en febrero de 2006, la APMUN informó de que en junio del año anterior "se había ordenado la suspensión de unas obras denunciadas, consistentes en el asfaltado de pista e instalación de una planta de machaqueo de áridos, presuntamente ilegales, llevadas a cabo por una entidad en el término municipal de Telde", en la isla de Gran Canaria.De esa manera, hubo que esperar hasta julio de 2007 para que "una de las inspectoras del referido organismo emitiese un informe técnico acreditativo, entre otros extremos, de que las obras denunciadas no contaban con la previa calificación territorial ni con la preceptiva licencia urbanística".Ante esto, en octubre del mismo año, "a la vista del contenido de dicho informe, dado que habían transcurrido más de dos años desde que se había acordado la suspensión de las obras, de que éstas afectaban a un espacio natural protegido y de que no constaba que se hubiera incoado el correspondiente expediente sancionador; nos dirigimos a la citada agencia", señala el texto.Esta petición fue reiterada en febrero del año pasado y "objeto de un recordatorio del deber legal de colaborar con este comisionado parlamentario en abril, sin que hayamos obtenido respuesta".Por ello, en agosto de 2008, el Diputado del Común, Manuel Alcaide, dirigió un requerimiento personal al director ejecutivo del aludido organismo, a efectos de que les enviara el informe. La solicitud fue repetida en noviembre, "sin que ninguna de nuestras gestiones haya dado resultado".El informe expone, además, que la normativa vigente establece que, una vez declarada la acción obstruccionista y entorpecedora, semejante actitud "podrá ser puesta en conocimiento del Ministerio Fiscal, a los efectos previstos en el Código Penal".Se da la circunstancia de que la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural tampoco adoptó medida alguna en materia de sanciones sobre los vertidos de fuel ocurridos en el puerto de Santa Cruz de Tenerife en octubre de 2008, "no por eludir responsabilidades, sino porque el Gobierno de Canarias no tiene competencias en ese ámbito". Son de la Administración general del Estado "conforme al anexo de la Ley de Control de Puertos del Estado y la Marina Mercante".De esa manera respondió en enero el consejero de Medio Ambiente del Ejecutivo regional, Domingo Berriel, a la diputada del PSOE Gloria Gutiérrez, que en comisión parlamentaria insistió en una posible sanción sobre el vertido de la empresa que llevaba el crudo desde tierra hasta los buques. Entonces, Gutiérrez reconoció que los buques habían sido expedientados y sancionados, pero que no tenía constancia de que se hiciera lo mismo en las empresas proveedoras "desde tierra". Apeló para ello al artículo 32 de la Ley de Directrices.El texto refundido de las leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales establece que la APMUN es un organismo público de naturaleza consorcial participado por la administración autonómica, las insulares y las municipales asociadas.Se encarga de la inspección y sanción en materia medioambiental y de ordenación de los recursos naturales, territoriales y urbanísticos, así como de la asistencia a las administraciones en tales materias y el desempeño de las que le sean expresamente atribuidas.Desde su puesta en marcha, en 1999, la Apmun se ha ocupado principalmente de las denuncias contra las construcciones ilegales.
9 de FEBRERO DE 2009.
Fuente: Diario de Avisos.
Ben Magec pone en la picota a Berriel por el caso de los sebadales
Ben Magec-Ecologistas en Acción entiende que con la descatalogación de los sebadales en Granadilla de Abona se ha llegado al límite de la desvergüenza política. A este colectivo le parece "increíble" que sea desde la propia web del Observatorio Ambiental de Granadilla desde donde se facilite "la prueba de la presunta actuación delictiva del consejero".Ben Magec argumenta que ni en la ley nacional 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, ni el decreto autonómico 151/21, que crea el Catálogo de Especies Amenazadas de Canarias, permiten la descatalogación de una especie "si no es por motivos excepcionales de índole científica y siempre con el aval de informes técnicos que así lo respalden". La organización ecologista recuerda que, en el informe que le solicita la Autoridad Portuaria para buscar una salida a la existencia de los sebadales protegidos de Granadilla, la Abogacía del Estado insta a recabar el criterio de "técnicos competentes" antes de iniciar por parte de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial el procedimiento de descatalogación de la población afectada .A pesar de ello, se lamenta Ben Magec, "el consejero Domingo Berriel ha firmado la orden de descatalogación, que se sustenta en el informe del jefe de Biodiversidad del Gobierno de Canarias. A su juicio, "la manipulación es evidente".Ante este "gravísimo acontecimiento", la federación ecologista exige una vez más "la inmediata destitución del consejero, máximo enemigo de la protección ambiental de Canarias" y hace un llamamiento a otras organizaciones sociales de las islas para que apoyen públicamente esta demanda.
5 de FEBRERO DE 2009.
Fuente: Diario de Avisos
La reforma de un caserío da inicio a la obra del Ecomuseo
Una parte del recinto etnográfico podrá abrir sus puertas en dos años
EL TANQUE
El Consorcio Daute-Isla Baja, organismo integrado por el Cabildo de Tenerife y los ayuntamientos de Buenavista, Los Silos, Garachico y El Tanque, plasmó ayer en esta última localidad el inicio oficial de uno de sus proyectos más emblemáticos: el Ecomuseo de los Partidos de Franquis, en el núcleo de San José de los Llanos. Hasta las medianías de El Tanque se desplazó una amplia representación institucional encabezada por el presidente del Cabildo, Ricardo Melchior, y en la que también figuraban los consejeros insulares de las áreas de Agricultura y de Medio Ambiente, José Joaquín Bethencourt y Wladimiro Rodríguez Brito; el presidente del Consorcio, Lorenzo Dorta, así como los alcaldes Víctor Lorenzo (Buenavista), Santiago Martín (Los Silos) y Faustino Alegría (El Tanque), quien hizo de anfitrión.Todos ellos participaron en la colocación de la primera piedra de las obras para la rehabilitación de un caserío, un conjunto integrado por viviendas, eras y zonas de cultivo que servirá como exponente del patrimonio arquitectónico popular del Parque Rural de Teno. Estos trabajos, que desde ayer se desarrollan sobre una superficie de 3.500 metros cuadrados, de las 11 hectáreas que ocupa el conjunto museístico, suponen una inversión cercana a los dos millones de euros y se prevé que concluyan en 2011. Desde esa fecha, según comentó Alegría, podrán comenzar las visitas a parte del complejo.El proyecto concibe la reconstrucción de la ruina existente con el máximo respeto a su tipología original. De esa manera, a la edificación se le incorporará un anexo bajo rasante que permita dotarla de diferentes usos, aunque sin causarle ningún impacto. La actuación en el caserío contempla varios módulos. El primero albergará una cocina tradicional, taller de gofio y herbolario, tasca, sala de degustación, vestíbulo y gañanía. Este último espacio servirá de sala de exposiciones. El siguiente elemento arquitectónico se compone de una vivienda popular, integrada a su vez por cocina, sala, dos habitaciones con su patio de acceso y, adosada a ella, los talleres de cestería y telares, de piedra y metal y de cerámica. Otros dos módulos darán cabida a almacenes, oficinas, una tienda y demás equipamientos.Durante la presentación de las obras para el Ecomuseo, las autoridades hicieron balance del trabajo realizado hasta ahora. Básicamente, el complejo proceso para la adquisición de la totalidad de los terrenos y la puesta en uso de las zonas de cultivo. En estas fases previas ya se ha invertido alrededor de 1,5 millones de euros.La siguiente iniciativa consistirá en la construcción de una vía de acceso y el aparcamiento del Ecomuseo, presupuestada en 325.624 euros. Para culminar la infraestructura, algo que se calcula ocurrirá en 2013, aún habrá que acometer las obras del Centro de Visitantes y el recinto ganadero.
11 de ENERO DE 2009
Fuente: EL DÍA
Otra idea pendiente de la UE
El gobierno de Garachico da como seguro que la creación o no del funicular, apoyado por el Gobierno canario y a la espera del Cabildo, la decidirá Bruselas por la reacción de los grupos ecologistas y otros colectivos contrarios.
Á. MORALES, Garachico
El gobierno garachiquense continúa empeñado en que el casco histórico y la zona alta del municipio, a la altura de San Juan del Reparo, estén conectados por un funicular que contribuya a la integración social y sirva también como nuevo atractivo turístico a una localidad que ve cómo recientemente ha aumentado el número de sus hoteles señoriales y que se enfrenta a un año clave, con el comienzo de las obras del puerto de Garachico. Sin embargo, y si se ha esperado más de tres siglos para recuperar el ansiado brazo de mar y si se tuvo que sufrir siete años para una obra como el túnel de El Guincho, todo indica que, tras unos años desde que el alcalde, Ramón Miranda, lanzara la idea a la opinión pública, también se tendrá que esperar a que sea la Unión Europea la que, como con otros proyectos de las Islas, decida si este medio de transporte es o no compatible con el paraje protegido por el que discurriría.
Así lo teme, por lo menos, el primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, José Heriberto González, quien, pese a todo, se muestra tan confiado y convencido como Miranda en que, al final, se demostrará que sus argumentos sobre la necesidad social y turística de la iniciativa, el "reducido" impacto visual del vehículo y las mejoras en la limpieza y aspecto del paraje que acarreará la actuación convencerán a las distintas administraciones competentes.
Eso sí, González es consciente de que algunos de los colectivos ecologistas y de otra índole que se oponen al proyecto cuentan con miembros con sobrada solvencia jurídica y que harán todo lo posible para que los organismos isleños y, sobre todo, y como último término, Bruselas, les den la razón ante lo que entienden como un atentado medioambiental sin ninguna justificación.
Otra administración que tiene también que "ganarse" el gobierno local es el Cabildo, que remitió hace meses un duro informe en contra de esta opción. Tan duro, que el alcalde incluso lo tilda de casi político, "aunque con errores tan grandes, como el relativo a la población local, que cifraba en menos de 2.000, que se desmonta por sí solo". Si bien este informe no es vinculante, el gobierno garachiquense no ha descansado ante los consejeros y otros responsables del Cabildo para que el nuevo que debe emitir en breve cambie radicalmente y, de esa forma, no haya una administración tan importante en contra del funicular.
6 millones reservados
El alcalde lo reiteró la semana pasada en una reunión ante el consejo de administración de la empresa Teleférico del Teide, interesada en invertir unos 6 millones de euros que ya ha reservado en este proyecto. Ese consejo lo componen, entre otros, cuatro consejeros insulares, que volvieron a escuchar las razones sociales, turísticas y económicas que esgrime el gobierno local para defender la iniciativa.
Según Miranda y González, todo apunta a que el Cabildo cambiará y se sumará al apoyo que, casi desde el principio, ha apreciado el gobierno garachiquense en la Dirección General de Política Territorial del Gobierno de Canarias, que recibió recientemente el escrito de justificación social del proyecto elaborado por el consistorio.
La consejería debe remitir la documentación a la Comisión del Territorio y Medio Ambiente (Cotmac) para abordar la aprobación o no del funicular. De todos modos, el gobierno local confía en que este organismo mantenga el apoyo que ya demostró al incluir el proyecto en el texto inicial del Plan Parcial del paraje protegido de los Acantilados de La Culata, por donde discurriría el transporte.
González admite que el período de información y alegaciones de este plan se ha alargado en exceso, en buena parte, por el funicular, "aunque también por las alegaciones de los vecinos afectados, tanto de Las Canales, en Icod, como la zona de El Guincho por encima de la carretera o en la parte baja de Genovés".
El edil de Urbanismo no sólo subraya la labor de cohesión social que representaría el funicular para que los vecinos de la zona alta de Garachico no tengan que pasar por otros municipios (El Tanque o Icod) para bajar al casco por las carreteras principales, facilitando así los trámites administrativos o hasta el acercamiento entre las generaciones de jóvenes, sino que su construcción permitirá limpiar el acantilado y eliminar los restos de tuberías y otros residuos presentes.
Oposición ecologista
La Asociación Pro Defensa de los Acantilados de La Culata y otros grupos ecologistas se oponen al funicular por las "graves consecuencias" que acarreará en las coladas históricas situadas entre el casco y San Juan del Reparo. Su impacto paisajístico lo consideran "alto" y alertan de los perjuicios a un espacio natural protegido incluido en la lista de Lugares de Interés comunitario (LIC), dentro de la Red Natura 2000 de la Unión Europea, institución a la que acabarán recurriendo si no logran frenar antes este proyecto. Entre otras cosas, piden que se elimine del Plan Especial la reserva del corredor por el que pasarían los raíles del vehículo. A su juicio, la Isla Baja puede y debe mejorar sus atractivos turísticos apostando por la promoción del senderismo, la agricultura tradicional, los hoteles y casas rurales y los miradores y parajes ya existentes.
El alcalde de Garachico teme que, de seguir retrasándose el proyecto, la empresa Teleférico del Teide se replantee la inversión y destine el dinero a otra iniciativa. Mientras, los grupos que se oponen, como la Asociación Pro Defensa de los Acantilados de La Culata, anuncian que lucharán hasta el final para evitar lo que entienden como una nueva agresión a los valores naturales y paisajísticos de la Isla. Todo apunta, de nuevo, a que al final decidirá Bruselas.
24 de NOVIEMBRE DE 2008.
Fuente: CANARIAS INSURGENTE.
Juzgado, política y flores.
Ya en junio de 2007 decía El Digital de Canarias refiriéndose a la peculiar relación de una floristería del municipio con el consistorio icodense cuando gobernaba con mayoría absoluta el PSOE y era alcalde Juan José Dorta Álvarez: "Una de las cosas más sorprendentes es la deuda que tiene el consistorio con una floristería de Icod de Los Vinos la cual tiene un impagado con el Ayuntamiento de 232.833,15 euros, impagado que, según fuentes cercanas al caso, ya podría rondar los 400.000 euros, lo que no deja de ser sorprendente: ¿qué es lo que tiene Icod para gastarse tanto dinero en flores?, ¿ Las fiestas de Mayo?, ¿Regalos a los vecinos?. Lo cierto es que se trata de un consumo continuado en el tiempo y en el espacio. El pasado 19 de enero de este año, la propietaria de la floristería se pasó por el Ayuntamiento y dejó un escrito en el que pedía la relación de las facturas pendientes y sus cantidades. Son en total unas 61 facturas, tal como ha podido comprobar este diario digital de la documentación que obra en su poder, de las cuales destacan la 006017 de 15.500 euros, la 005565 de 41.250 euros, la 06198, de 14.941, la 006194, de 13.000 euros, la 005591 de 13.250 y finalmente la 06196, de 12.000 euros".
La justicia aunque lenta es inexorable por lo menos en lo referente a la investigación abierta ante presuntas irregularidades urbanísticas denunciadas por la Fiscalía en su momento, investigación de la que forman parte un gran número de expedientes y entre ellos el que nos ocupa por una ampliación de la denuncia inicial.
El pasado 17 de abril de 2008 en el Juzgado de Instrucción Nº 2 de Icod de los Vinos en Procedimiento de Diligencias Previas 736/2007 declaraba como imputado Juan José Dorta Álvarez, ante las preguntas en lo referente a la floristería declaraba, entre otras cosas, que "suministraban los adornos, colaboraban en elaboración de actos", "que no sabe como contraban a xxxxxxxx", "Que los informes de intervención en las facturas de xxxxxxx no los leía, que ya venía la propuesta con informe desfavorable y sabía de su existencia cuando firmaba la factura", "que no recuerda haber leído que Intervención dijera que no se habían acreditado la recepción de los materiales", "que si se pagaba era porque se habian recepcionado los materiales porque confiaba en el concejal", "que con carácter general siempre suministraba las flores xxxxxxx", ...
Icod de los Vinos se encuentra en una dificil situacion de impasse democrático en lo que respecta al devenir político y administrativo de la corporación local, que se alargará en el tiempo mientras la justicia no determine responsabilidades y ponga a cada uno en su sitio. Icod de los Vinos se ha convertido en ejemplo de como no debe regirse el destino de un municipio por parte del poder político, un poder en muchos momentos ejercido desde la prepotencia y con indiferencia ante los problemas de los ciudadanos.
16 de NOVIEMBRE DE 2008.
Fuente: LA VOZ DE ICOD.
La plataforma por nuevas alternativas al anillo insular califica de "mentiras políticas" unas declaraciones de la consejera insular Cory Yanes
La plataforma por nuevas alternativas al anillo insular califica de "mentiras políticas" unas declaraciones de la consejera insular Cory Yanes
15 de noviembre 2008
La Plataforma Icodense por nuevas alternativas al anillo insular, en respuesta a un reciente artículo publicado en varios periódicos, quiere “hacer llegar a los ciudadanos y a todos los medios de comunicación que a fecha de hoy los afectados por el trazado del Anillo Insular entre el tramo Icod - El Tanque, no hemos recibido ninguna información ni propuesta sobre la bolsa de suelo agrícola de 50.000 metros cuadrados a la que hace referencia Cory Yanes, consejera del Cabildo para la comarca de Ycoden Daute Isora”.
Afirma la presidenta y portavoz de esta Plataforma, Alejandra Pérez, que “no ha sido posible rechazar una propuesta que no ha sido realizada mediante ninguna reunión pública, y que si en su momento se llegara a realizar los afectados estarían dispuestos a valorar las ofertas propuestas”. Desde la Plataforma –añade- “siempre hemos pedido que se respetaran los acuerdos de reposición de las casas y terrenos agrícolas a los que el Gobierno de Canarias llegó con el Ayuntamiento de Icod y que hasta la fecha no se ha hecho efectivo, haciendo nuestros actuales gobernantes muy mala gestión acompañada de constantes mentiras políticas”.
Consideran desde la plataforma que “no se están realizando las gestiones adecuadas por parte del Gobierno de Canarias y Ayuntamiento con la transparencia que cabría esperar y piden a los afectados que se pronuncien al respecto y hagan llegar al Gobierno de Canarias, Cabildo y Ayuntamiento su malestar con respecto a estas afirmaciones inciertas”. En tal sentido, añaden: “Queremos hacer llegar a los ciudadanos del resto de la isla que el Gobierno de Canarias ha empezado las obras en la zona de La Vega y La Culata ocupando terrenos privados con palas y camiones, sin haber recibido ni aceptado los afectados las valoraciones finales, por lo que consideramos que es otra artimaña ilegal de nuestros actuales gobernantes para que cedamos ante las presiones que están ejerciendo sobre los afectados”.
Concluye la presidenta y portavoz del colectivo, Alejandra Pérez, recordando de nuevo que “el actual trazado de carretera afectará gravemente a zonas protegidas como la Cueva del Viento y Acantilados de la Culata, la Corona Forestal, nacientes y acuífero de Rui Blas y bosque termófilo de Las Furnias. En definitiva parajes naturales de incalculable valor que no pueden ser repuestos de ninguna forma en ningún otro lugar del mundo”.
14 de OCTUBRE DE 2008.
Fuente: EL DÍA.
Unas 200.000 camas podrían perder la licencia que las califica como turísticas
Unas 200.000 camas turísticas en las Islas podrían estar en discusión acerca de si tienen o no sus derechos urbanísticos adquiridos con la nueva moratoria. Así lo afirmó ayer el consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, Domingo Berriel, quien entregó al Parlamento el proyecto de Ley de Medidas Urgentes.
Domingo Berriel informó ayer de que hasta que no se terminen de aprobar los planes territoriales turísticos, no se sabrá con exactitud cuánto suelo se ha desclasificado y cuántas futuras camas turísticas podrían verse afectadas por las nuevas condiciones del proyecto de Ley de Medidas Urgentes en materia de Ordenación Territorial para la Dinamización Sectorial y Ordenación del Turismo. En cualquier caso, dijo, podrían rondar las 200.000 plazas. Ante esta situación, el Gobierno ha previsto en el citado proyecto de ley una serie de alternativas a ese suelo turístico para que los titulares de esas licencias urbanísticas ya adquiridas puedan dedicarse a otras actividades.
Esas alternativas contempladas en el proyecto de Ley de Medidas Urgentes van destinadas a aquellos titulares de suelos urbanos de uso turístico que no hubieran quedado desclasificados en virtud de la Ley de Directrices pero que tuvieran sus derechos urbanísticos consolidados.
La primera propuesta alternativa hace referencia a que en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la Ley de Medidas Urgentes se pueda optar por su desclasificación a suelo rústico de protección territorial. En estos casos, el Gobierno reconocerá la correspondiente indemnización por los derechos edificatorios que ostenten. Este suelo, según el texto del proyecto de ley, no podrá clasificarse de nuevo como urbano o urbanizable en un plazo de cinco años. La segunda alternativa es la sustitución, en cualquier momento del plazo de la suspensión de las autorizaciones previas, de la edificación alojativa por otras destinadas a parques temáticos, actividades culturales, de ocio, espectáculos, deportivas, de restauración u otras similares.
En tercer y último lugar el proyecto de ley contempla, mediante el correspondiente convenio urbanístico con el ayuntamiento que corresponda, la recategorización del uso turístico de ese suelo a industrial, comercial energético o residencial. En este último caso, al menos el 30 por ciento de las viviendas a algún régimen de protección oficial. El fin último es evitar que el Gobierno tenga que pagar indemnizaciones a titulares de suelo con derechos adquiridos, como varias sentencias que han establecido con la actual Ley de Directrices.
Ni una cama ilegal
Domingo Berriel afirmó también que el proyecto de ley no contempla una amnistía para aquellas plazas turísticas ilegales, con lo que no se legalizarán nuevas camas. "Lo que sí tratamos es de regularizar algunas granjas agrícolas ilegales a las que se les viene encima toda esta nueva legislación; contemplamos esta situación y estudiaremos cada caso", explicó.
Tras entregar el proyecto de ley al presidente del Parlamento, Antonio Castro, el titular de Medio Ambiente y Ordenación Territorial informó de que ha pedido a la Cámara su tramitación abreviada para que pueda aprobarse a principios del próximo año.
Respecto a las críticas socialistas, en las que se afirmaba que el Gobierno ya tenía nombres y apellidos de los empresarios a los que se les iba a permitir la construcción de hoteles de cinco estrellas, Berriel afirmó que "se trata de una salida concreta de un miembro del PSC", en alusión clara al portavoz adjunto, Julio Cruz. El consejero se mostró confiado en que durante el trámite parlamentario los socialistas enriquezcan el texto y lo apoyen finalmente en pleno. "Hay un amplio espacio para negociar la ley y hacer aportaciones importantes", manifestó Berriel.
------------------------------------------------------------------------------------------
9 DE OCUBRE DE 2008.
Fuente: CANARIAS INSURGENTE.
Icod de los Vinos.
Fallece Hermenegildo Socas Cruz, creador de las comedias de El Amparo.
El escritor Hermenegildo Socas Cruz, nacido en Icod de los Vinos, falleció este jueves a los 96 años de edad.
Los icodenses lamentan la pérdida de una de las más importante figuras de la cultura popular canaria. Hermenegildo Socas Cruz formará parte del gran acervo cultural del municipio, el creador de las comedias de El Amparo deja un importante legado del que forman parte tanto sus poemas como sus famosas comedias, que tanto hicieron reír a los vecinos de la ciudad.
El ex convento de San Francisco fue escenario recientemente de un emotivo acto en su homenaje [1], el grupo de teatro 'Sol y Sombra' y la Concejalía de Cultura del ayuntamiento icodense quisieron de esta manera manifestar su agradecimiento a este gran artista, cuyo legado acogen con orgullo las generaciones presentes.
Hermenegildo Socas Cruz siempre comentaba que "desde el siglo pasado, por los días de las fiestas se acostumbraba a hacer algunas obras de teatro". Fue en 1929 cuando comenzó a escribir este tipo de comedias y con un ritmo musical en la voz, dice que la primera que escribió se tituló 'El doctor Miraflores' y en ellas se suele hablar de todo un poco. Socas Cruz recuerda que antaño no habían comisiones que organizaran las fiestas y los comediantes solían venir de otros pueblos pagándoseles 200 pesetas, algo caro para la escasez económica que se sufría en aquellos años.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
7 DE OCTUBRE DE 2008.
Fuente: EL DÍA
DEMOLICIÓN-COSTAS.
Los vecinos de Cho Vito afirman que no han perdido la dignidad
Santa Cruz de Tenerife, EFE Las palas comenzaron a derribar las viviendas del poblado marinero de Cho Vito, en el municipio tinerfeño de Candelaria, ante la impotencia de sus propietarios, que advierten de que han perdido sus casas pero no su dignidad, y no cejarán en el espíritu de lucha.
Así lo manifestó Tomás González, portavoz de los vecinos de Cho Vito, quien dijo que se han derribado tres de las veinte viviendas que deben ser demolidas en esta localidad costera por invadir el dominio público marítimo terrestre, aunque los trabajos continuarán previsiblemente hasta primera hora de la tarde.
Tomás González señaló que los afectados no entienden cómo "jurídicamente" el viernes se acordó una suspensión cautelar de la orden de derribo por parte del juzgado de lo contencioso administrativo número dos de Santa Cruz de Tenerife, que inesperadamente se levanta ayer "quizás para evitar altercados durante el fin de semana".
González confió en que la jueza que adoptó la orden "haya obrado en conciencia" y lamentó el hecho de que "la alegría del viernes nos la quitan el lunes porque nos tenían condenados". 
"A uno lo deja impotente esta situación", manifestó el portavoz de los afectados, quienes están "hechos polvo y con mucha tristeza, porque sus recuerdos se van en una maleta".
No obstante, reiteró que los afectados de Cho Vito "vamos a estar codo con codo en cualquier lugar de las islas donde se sientan amenazados porque nos hemos ganado el respeto de Canarias".
"Creo sinceramente que somos un referente en esta lucha y vamos a pasear el espíritu de Cho Vito por todas las islas, porque nos hemos ganado la dignidad", afirmó.
Tomás González detalló que durante la mañana las Fuerzas de Seguridad han acordonado el perímetro del poblado y se desplegó un dispositivo "por tierra, mar y aire" que incluye un helicóptero y una zodiac de la Guardia Civil.
Agregó que el primer conductor de la pala que debe derribar las casas "se fue, quizás por solidaridad" con los afectados, por lo que los trabajos de demolición comenzaron cuando llegó otro.
Argumentó González que le hubiera gustado ver en Cho Vito "no a estos trabajadores, que son unos mandados, sino a los políticos que hacen las leyes y a los jueces que no nos han dado opción".
"Imagine que se resuelve a nuestro favor el recurso de apelación" presentado contra la decisión de la Dirección General de Costas, prosiguió el portavoz de los vecinos, quien señaló que estos hechos "ya no son reparables" ante una política "de hechos consumados".
Apuntó además que no se ha atendido la entrega ayer de más de 50 peticiones ante el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Candelaria para que se declarase el poblado de Cho Vito como un sitio de interés público.
"A la única que no han desalojado todavía es a la imagen de la Virgen del Carmen instalada en el lugar. A ver quién es el que se atreve a romper la capilla", declaró Tomás González.
El día 7 de octubre de 2008, comenzó a cumplirse la orden de demolición del barrio marinero de Cho Vito, en Candelaria, Tenerife, Islas Canarias, Los vecinos se resistieron, pacíficamente , aquí os dejo un video resumen de la catastrofe de "CHO VITO...)
